El hogar puede ser el infierno tan temido

151 mujeres asesinadas de las formas más crueles. 151 historias de vida atravesadas por la violencia y truncadas por el asesinato cobarde perpetrado por varones violentos. 86 de estos femicidios se cometieron en el domicilio de la víctima, en su hogar. El hogar que compartía o compartió con el femicida, o un nuevo hogar donde ella intentó construir un nuevo proyecto de vida. 

El término hogar es utilizado con frecuencia por las personas para denominar el lugar donde viven y está estrechamente relacionado con una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma. Muchas son las definiciones que podemos encontrar pero en casi todas se resalta el tema de la seguridad ¿dónde se podría estar mejor que en el propio hogar? Y sin embargo, ese espacio socialmente designado como seguro, se convierte en trampa mortal para una mujer en situación de violencia. El hogar, el lugar indicado por la sociedad para la mujer como ideal donde, vaya ironía, se la designa como reina o ama, en muchos casos resulta confinada por el varón  violento para poder ejercer un mejor control y garantizar su aislamiento. Espacio preservado socialmente como privado, íntimo, donde la violencia se invisibiliza y la hipocresía insiste en no interferir. Se habla de cuestiones de pareja, de sucesos puertas adentro, donde no meterse es una formalidad habitual. Y las frases hechas se agolpan una tras otra: “Algo hará ella para que él la trate así”… “Para que meterse si seguro después se arreglan”…”Mejor no hacer nada porque son asuntos de familia”. La lista podría ser larguísima, la vida de estas mujeres terriblemente corta. Y el hogar ese lugar seguro y protector, pasa a ser un lugar de alto riesgo. Si queremos lograr una sociedad mas igualitaria, es fundamental involucrarnos activamente, comprender que cuando está en peligro la libertad y la seguridad de una mujer que es maltratada, esta situación no es una “cuestión privada”, es un delito que debería ser castigado con el accionar de la justicia y es imprescindible que exista la condena social. Si escuchamos una fuerte pelea en una casa vecina, y nos damos cuenta que hay una mujer que esta siendo maltratada y optamos por “no meternos” con la excusa de que esa mujer es una desconocida, tendríamos que pensar, ¿qué sentiríamos si la mujer maltratada fuera un afecto nuestro, y alguien que escucha la pelea, sólo sube el volumen del televisor para no oír sus gritos? No involucrarnos nos hace cómplices. Tenemos que tomar la decisión de llamar a esa puerta para interrumpir el ataque del que está siendo víctima. Y aunque ella pueda llegar a decirnos “todo está bien” sabrá que hay alguien que sabe lo que esta pasando. Y para el maltratador será una señal que le demostrará que hay otras personas que son testigos de la violencia que él ejerce. Llamar a una puerta para interrumpir una agresión, muchas veces salva una vida, porque al hacerlo estamos impidiendo que el círculo de violencia continúe. Si sabés de alguien en situación de violencia, no te calles, involúcrate Si estás viviendo una relación de violencia, salí, buscá ayuda, la vas a encontrar. Acudí a los organismos oficiales y de la justicia. Acércate a las organizaciones que trabajan esta temática para que te puedan asesorar. Si comenzamos a perder la vergüenza y el miedo, a hablar sobre lo que está sucediendo, a no sentir culpa, a no perdonarlo y justificarlo, comenzaremos a salir de la red de aislamiento en la que él nos tiene atrapadas. Es necesario fortalecernos para encontrar los recursos que nos permitan salir de un vínculo violento. Porque de la violencia se puede salir y el hogar no debería ser el infierno tan temido.   

Por el "Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano" Ada Beatriz Rico - DirectoraLic. Silvia  Gabriela Lommi  Psicóloga - Integrante Área de Investigación.
*Informe Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” Coordinado por La Asociación Civil La Casa del Encuentro. 1 de Enero al 30 de Junio de 2011 se registran 151 Femicidios. www.lacasadelencuentro.org 

Asociación Civil La Casa del Encuentro

Lamentable antecedente judicial

Ratifican el procesamiento de dos acusados por “cortar una ruta” durante una manifestación    

Lo resolvió la Cámara Federal de General Roca. El hecho ocurrió el año pasado, en la ruta nacional 22, en el puente que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti. Están imputados por entorpecer el normal funcionamiento del transporte terrestre

Publicado en: http://www.cij.gov.ar/nota-7547-Ratifican-el-procesamiento-de-dos-acusados-por--cortar-una-ruta--durante-una-manifestacion.html

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Fallo completo 48.21 Kb.

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó un fallo de primera instancia que había ordenado el procesamiento de dos acusados por cortar una ruta durante una manifestación.

Según informaron desde el tribunal, en el caso se investiga el hecho “cometido el día 21 de mayo de 2010 entre las 11hs y las 13:28hs. consistente en haber interrumpido la libre circulación del tránsito sobre la ruta nacional nro.22, a la altura del puente carretero que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti, colocándose sobre el cardinal sur de dicha ruta -circulación vehicular Neuquén a Cipolletti- junto a otras personas, identificados como miembros de la agrupación Barros de Pie, procediendo a la quema de cubiertas y entrega de panfletos, ello con el objeto de reclamar becas provinciales y abastecimiento a comedores barriales".

En la resolución, el camarista Ricardo Barreiro señaló que “no es correcto plantear la existencia de una tensión que involucra derechos constitucionales en oposición -entre el de libre circulación y los de reunión y de peticionar ante las autoridades-. Es una falacia semejante aserto porque no sólo el derecho de reunirse y de peticionar a las autoridades no tiene fatal e inexorablemente, como asiento físico de su ejercicio, las calles y caminos de la República -lo que bastaría para desechar tan ramplona fórmula- sino porque la interrupción del flujo vehicular en una carretera, como ya quedó demostrado, no lesiona sólo el derecho a circular libremente sino todo un universo de derechos que exceden, y por mucho, el de quien se ve obligado a detener la marcha ante el piquete para no sufrir mayores perjuicios para su persona o sus bienes materiales o inmateriales”.

Y agregó que “quienes interrumpen, obstaculizan o perturban la circulación del transporte terrestre escogen una metodología para hacer oír su reclamo que, en principio, se encuentra prevista como delito. Entonces es claro que no puede haber tensión alguna, al menos que esta judicatura deba sopesar en esta etapa del proceso, entre una conducta prima facie delictiva y el ejercicio de un derecho, por menor relevancia que a éste se le asigne”.

Actualidad

http://www.eltribuno.info/salta/58114-El-aumento-a-los-jubilados-hasta-ahora-es-escaso.note.aspx

Casi 6 millones cobran el haber mínimo de $1.434

El aumento a los jubilados hasta ahora es escaso

El fondo de garantía de sustentabilidad (FGS) de la Anses creció casi un 85%.

Domingo 07 de agosto de 2011 Nacional Guillermo Segón Consultor previsional, El Tribuno

Podríamos decir que es relativo que los aumentos a los jubilados hayan acompañado a la inflación en nuestro país.

El Gobierno nacional ha anunciado el aumento del 16.82% para todos los jubilados y pensionados nacionales, que corresponde a partir de setiembre de este año conforme lo establece la ley de movilidad aprobada a fines del 2008 y que entró en vigencia en marzo de 2009. La ley establece que dos veces al año, en los meses de marzo y setiembre, se aumentarán las jubilaciones en función de una fórmula que combina el aumento de los salarios de los activos y los ingresos al sistema previsional (recaudación tributaria), es decir que los aumentos ya no dependen solo de la voluntad del Poder Ejecutivo nacional, sino que es una obligación determinar el aumento en función de la formula establecida.

¿Se puede decir que el 16.8% es un buen aumento para los jubilados? Esto depende desde qué fecha se analizan los aumentos, porque si solo se analizan desde marzo de 2009 en adelante podríamos decir que los aumentos a los jubilados han acompañado los índices de inflación de nuestro país, y entonces éste seria un buen aumento. Ahora, si nos vamos más atrás y analizamos los aumentos recibidos por los jubilados desde 2002 a la fecha, podremos observar que estos no alcanzan para recuperar la importante perdida del poder adquisitivo del haber jubilatorio. Tengamos en cuenta que durante el período 2002/2006 los jubilados prácticamente no recibieron ningún aumento, excepto los haberes mínimos que sí recibieron aumento en ese período. Estas malas decisiones tomadas en esos períodos nunca fueron solucionadas con posterioridad y generaron múltiple reclamos judiciales que terminaron con el fallo de la Corte de Justicia de la Nación (caso Badaro). Se estableció que en ese periodo correspondía haber dado en total un 88,6% de aumento a los jubilados, en función de la inflación del país. Si la Presidenta de la Nación no hubiera vetado el año pasado la ley que ajustaba las jubilaciones por el caso Badaro, los pasivos sí hubieran recuperado el retraso que tenían en sus haberes y, de esa manera, hoy podríamos decir que el aumento de setiembre del 16,8% sí habría alcanzado, y los jubilados podrían haber festejado este aumento.

En la actualidad, el 75% de todos ellos (casi 6 millones) cobran la jubilación mínima de $1.434 y la pregunta que me hago es si alcanza este monto para cubrir la canasta del jubilado. Me parece que no. Es por eso que creo que se debe insistir nuevamente en una ley que reconozca la movilidad de Badaro para todos los jubilados, sin que tenga que recurrir a la Justicia. De esta manera, se recuperarían los haberes de los jubilados que no recibieron aumentos por un largo período y, una vez recuperados esos haberes, entonces sí los aumentos de la ley de movilidad servirán para mantener el poder adquisitivo.

Pero todo este cuadro que analizamos tiene un contexto de actualidad financiera muy importante. El sistema de Justicia argentino está literalmente colapsado por el peso de la cantidad de casos contra la Anses. Las voluminosas demandas judiciales amenazaron con quebrar los techos de los tribunales de seguridad social el año pasado, situación que obligó a tomar un receso de tres semanas. El Gobierno nacional se enorgullece de haber expandido la cobertura de pensiones para incluir a otros dos millones de argentinos al sistema; también se aumentó la pensión básica. La Anses tiene mucho dinero gracias al crecimiento económico y a las fuertes ganancias en los mercados locales, tras la crisis financiera global. El fondo de garantía de sustentabilidad (FGS) de la Anses creció casi un 85% hasta unos $183.000 millones (US$43.000 millones) desde diciembre de 2008, cuando el Estado tomó el control de las pensiones privadas.

¿Qué hacés este sábado?

El delito de reclamar una vivienda

Nota publicada en Página 12 sobre una de las causas que llevamos adelante.

16/08/2011 Página 12 - Nota - Sociedad - Pag. 20 FISCALES PORTEñOS CITAN A INDAGATORIA A DIRIGENTES BARRIALES POR LA TOMA DEL INDOAMERICANO

El delito de reclamar una vivienda

Organizaciones sociales expresaron su preocupación porque la respuesta del Estado al reclamo de viviendas fue la criminalización de la protesta. Aún no se construyó una sola casa, pero acusan a los dirigentes por "usurpación".

Por Eduardo Videla

 A ocho meses del conflicto en el Parque Indoamericano, el Estado no ha avanzado un solo paso en la solución habitacional prometida entonces a los habitantes de Villa Soldati. Paradójicamente, la única respuesta la dio la Justicia porteña, que resolvió citar, a partir de hoy y hasta la semana próxima, a los seis dirigentes barriales a los que acusa por la toma de ese espacio verde. Los seis quedaron nuevamente imputados después de un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña, que se conoció después del triunfo en segunda vuelta del jefe de Gobierno Mauricio Macri. Organizaciones sociales, entidades gremiales y de la sociedad civil y legisladores expresaron su preocupación por lo que consideran "un avance en profundizar la criminalización de la protesta social". Respaldan además una estrategia común para la defensa de los imputados.

 El equipo de fiscales que lidera Luis Cevasco citó para hoy a Mónica Ruejas, dirigente del barrio Los Piletones, y para mañana a Diosnel Pérez, delegado de la Villa 20. Para los días siguientes están convocados Alejandro "Pitu" Savatierra, dirigente de la Villa 15 (Ciudad Oculta) y militante de la agrupación kirchnerista La Jauretche; Luciano Nardulli, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa de Villa Soldati y Lugano; Marcelo Chancalay y Elizabeth Revilla.

 "En lugar de combatir la pobreza, combaten a los que luchamos contra la pobreza", lamentó Nardulli, en diálogo con Página/12. "Quieren sentar el precedente de que cualquier manifestación pública para reclamar vivienda será criminalizada", agregó.

 Para los dirigentes barriales, se da la paradoja de que los dirigentes que estuvieron al frente de las negociaciones con los gobiernos nacional y porteño para levantar la toma de diciembre son imputados por el delito de usurpación. "Utilizaron como prueba declaraciones nuestras a los medios que sacaron de contexto", expresó Salvatierra a este diario. Según el dirigente, "la intención de la toma no era quedarse en el parque sino manifestar un reclamo por la falta de viviendas: a lo sumo lo que se hizo fue una ocupación del espacio público, como cuando los ruralistas cortaron las rutas".

 "El Estado mismo convalida el hecho como un reclamo, cuando se sienta a discutir una solución. No hubieran negociado ante un delito", subrayó la abogada Luciana Bercovich, coordinadora del programa Derecho y Construcción en Villas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

 Diosnel Pérez, uno de los convocados a la Casa Rosada en el pico de la crisis de diciembre, recuerda que tras la negociación los gobiernos nacional y de la Ciudad se comprometieron a elaborar un plan de viviendas para la ciudad por el cual, "por cada peso que ponga el Gobierno de la Ciudad, la nación pondría otro peso". "Ese plan quedó en la nada, no se hizo ni una sola vivienda", advirtió Pérez.

 Salvatierra, al respecto, comenta que Macri "anunció después un plan de viviendas, pero la propuesta que le presentó a Nación no tenía consistencia, no se aclaraba en qué lugar se harían las casas, ni en cuánto tiempo, ni el criterio de adjudicación. El gobierno nacional pidió esas precisiones, pero nunca le respondieron".

 ACIJ convocó ayer en una reunión a los imputados, a algunos de sus abogados defensores y a representantes de organizaciones que apoyan el reclamo de los vecinos y se oponen a la criminalización de la protesta social.

 "La única política implementada en relación con los sucesos de diciembre pasado consistió en el accionar del Ministerio Público Fiscal iniciando causas penales contra los referentes de las organizaciones que luchan por el acceso a la vivienda", dice la declaración que firman ACIJ, la CTA Capital, la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA), el Frente Popular Darío Santillán, la CCC y la Corriente Política 17 de Agosto, entre otras. También adhieren los legisladores Fabio Basteiro, Laura García Tuñón, Rafael Gentili, Liliana Parada, Martín Hourest y Rocío Sánchez Andía.

 La causa contra los dirigentes barriales fue impulsada por los fiscales al mando de Luis Cevasco. En principio, la jueza María Cristina Nazar había rechazado la denuncia, determinó la inexistencia del delito de usurpación, definió que lo sucedido excedía el marco del Derecho Penal y se enrolaba en una cuestión social y dispuso el archivo de la causa. Los fiscales apelaron la decisión y pidieron el apartamiento de la jueza. Los camaristas de la Sala I confirmaron a la magistrada pero ordenaron la reapertura del caso.

 Los abogados resolvieron reclamar la postergación de las indagatorias con el argumento de que aún no está firme el fallo de la Cámara: ayer mismo presentaron un recurso en el Supremo Tribunal de Justicia. También sostienen que a los acusados se les negó el derecho a la defensa en los primeros tramos de la causa. Y por último, argumentan que no está probado el delito de usurpación y sostiene que a lo sumo se trató de una ocupación del espacio público, que es una contravención.

 "Observamos con profunda preocupación que la única respuesta del Estado provenga del Derecho Penal, ya que ante la vulneración de derechos fundamentales la única respuesta estatal válida debiera ser garantizar su efectivo cumplimiento", dice el documento que firman las organizaciones. El texto concluye en que la intervención de los poderes del Estado "funciona como advertencia a los más pobres: el derecho a la vivienda es para unos pocos y los que resistan a este estado de cosas serán disciplinados a través del Derecho Penal".

Dale que va

Este Sábado